24 de marzo - Más y mejores derechos

Pueblos originarios y Derechos Humanos: del dicho al hecho...

Por Gonzalo Leandro García Veritá (*)

¿Cuál es la agenda en materia de políticas públicas en relación con los pueblos originarios que queda pendiente en Chaco, por ejemplo, y me animaría a decir que en toda América Latina? La efectivización de sus derechos. El diseño y la ejecución de políticas públicas para pueblos indígenas tiene que anclarse en cómo se hacen efectivos esos derechos que, de algún modo, las democracias de América Latina han ido reconociendo en los últimos años, producto de mucha lucha y profundo activismo de los pueblos indígenas en materia de derechos humanos.

Tenemos un importante reconocimiento legislativo de derechos, de normas, que tienen una notable brecha de implementación. Como decimos en el barrio, “del dicho al hecho...”. Ese es el principal debate en materia de políticas públicas con los pueblos indígenas. Qué hacemos con todo ese reconocimiento legislativo que abarca derechos muy complejos de efectivizar, por un lado; y por otro lado, con la realidad, que siempre debe interpelar a las autoridades del Estado y a toda la sociedad.

La realidad del acceso a los derechos de los pueblos indígenas de toda América Latina, y especialmente en los territorios que habitamos nosotros, tiene necesariamente que tensionar a la democracia, interpelar a la democracia, a toda la sociedad, no sólo al Estado, a dar respuesta para que esos derechos que han quedado en la letra de las leyes y de los tratados internacionales se hagan efectivos. La educación bilingüe e intercultural; el acceso al nivel más alto de salud adecuado, con intervención de agentes de salud indígenas, esos siguen siendo algunos de los desafíos más importantes.

Uno de los derechos arquetípicos de las comunidades indígenas muy lesionado es la propiedad comunitaria indígena, la propiedad de la tierra y los territorios que tradicionalmente han ocupado esos pueblos. Y el Estado ha tenido siempre un cierto grado de desconocimiento, de omisión. Entonces, el desafío que tenemos, como democracia, es cómo compartimos la existencia de toda esa diversidad cultural. En Argentina, los pueblos indígenas han preexistido al Estado y actualmente existen y dialogan con las instituciones del Estado, de múltiples maneras.

El Estado tiene deberes para con los pueblos indígenas, y uno de los deberes principales es hacer efectivos los derechos que ha reconocido. Cuando hablamos de propiedad comunitaria de los pueblos indígenas, estamos hablando del sostén de la vida de esos pueblos, estamos hablando del respeto a su medicina ancestral, que viene de los montes nativos, estamos hablando del acceso al agua, al ambiente adecuado, estamos hablando de la simiente misma por donde se sostiene toda la vida de la Nación.

Cuando decimos “hay que hacer tantos loteos, por tantas personas”, esa ecuación no funciona para las naciones indígenas. Y menos para quienes han habitado el Chaco Americano, este gran territorio que une el sur de Bolivia y el oeste paraguayo con el norte cordobés.

Todo ese territorio fue cuna de civilizaciones y es la base de naciones indígenas muy importantes que existen hoy en este territorio. Entonces, cuando vemos noticias que reflejan índices de desnutrición, debemos pensar que tenemos la responsabilidad en eso, como sociedad. Estas situaciones se dan por el juego de dos variables: en primer lugar, por el rol de un Estado que, dependiendo de las temporadas, se achica o se agranda.

Cuando el Estado se retrae, la situación de vulnerabilidad se agranda. Y, por otro lado, porque se han corrido las fronteras del reconocimiento de los territorios, por el avance de las fronteras agropecuarias sobre el monte nativo, por la destrucción del bosque nativo para incorporar tierras a sistemas productivos no compatibles con el monte nativo.

Entonces vemos cómo el impacto de la falta de reconocimiento al acceso pleno a tierras y territorios por parte de las comunidades indígenas también termina impactando en otros derechos. Uno así puede palpar cómo la realidad de los pueblos indígenas, en algunos lugares, duele. Ahora: ¿cómo pasar de ese dolor a políticas públicas, a hacernos responsables, como autoridades del Estado, como sociedad organizada, y hacerle frente?

Lo que queremos es más democracia, con más  y mejores derechos para todos. Cómo pensar esos más y mejores derechos para las comunidades indígenas tiene que ser el debate de nuestras democracias modernas. Y para lograrlo hay que incluir en el debate a los pueblos indígenas; eso es lo que ellos proponen.

Todos esos derechos, que son la síntesis del debate de políticas públicas que se deben todavía, son inimaginables sin el protagonismo de los pueblos indígenas en el debate. Porque ellos mismos propusieron estos derechos, como una manera de salvaguardar sus identidades.

No hay margen. O coexisten esos derechos con los nuestros, o esos pueblos perecen. Y la obligación del Estado es la de cuidar esta impresionante diversidad cultural. La forma de cuidarla es garantizando derechos. No es asimilando a esas culturas, ni negando derechos.

 

(*) Abogado. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Magíster. Maestría en Derechos Humanos y Democracia con mención en la Protección de Derechos Humanos. Juez de Niñez, Adolescencia y Familia de la VI Circunscripción Judicial. Poder Judicial de la Provincia de Chaco

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