Sufrió el robo de materiales por un valor de 2 millones de pesos

Lucrecia Olivero, de 28 años,  y radicada en Arroyo Algodón, era la administradora de Danisa Argentina SAS, empresa situada en el barrio San Justo, que vendía elementos de piscina y calefacción. Ella se acercó durante la tarde de ayer a El Diario y presentó un texto en el que narra el proceso que debió atravesar para poner en evidencia un robo del que fue víctima.

En este sentido, en el documento se explica que sufrió “una estafa con compras mediante tarjetas que fueron desconocidas”, luego de que se recibiera la mercadería, “por el valor de $6.000.000”. Y añade: “La Pyme no pudo afrontar el pasivo generado y se vio obligada a presentar quiebra”.

El martes 3 de enero de 2023, ella alquiló el contenedor número 21 a 2G Servicios, perteneciente a Germán Galfrascoli y Mauricio Gigante, “para depositar los bienes que serían subastados a los efectos de pagar a los acreedores las deudas contraídas”.

Al respecto, la mujer escribió: “El lugar me parecía seguro, ya que posee cámaras, alambrado perimetral y una ubicación con mucha visibilidad”. Luego, se realizó una visita al predio y se hizo “un relevamiento del inventario de la quiebra,” constatando que se encontraba todo lo que había quedado de la empresa. De este modo, se aseguró que contaba con “la mercadería suficiente para cubrir a los damnificados y el alquiler del lugar”. Por último, tras la corroboración, se cerró el contenedor con candados que ella misma proveyó.

La subasta y las sorpresas

Este año, en octubre, se designó a una martillera para desarrollar la subasta y el jueves 2 de noviembre, todos se presentaron en el predio de 2G Servicios, en avenida Carranza y Tucumán, para abrir el contenedor número 21.

“Nos encontramos con (...) que se habían cambiado los candados originales”, apuntó en el texto. Y agregó: “El dueño del lugar, mediante evasivas, complicaba el proceso de ingreso”. Además, observaron desde el exterior del predio “que el candado que había colocado ya no estaba” y que en su lugar había uno “improvisado con un hierro cruzado”.

En este plano, Olivero señaló que debido a que Galfrascoli le obstaculizó el ingreso y se dirigió hacia ella “de manera impropia y amedrentante”, fue a la Comisaría de Villa Nueva para denunciar el hecho. “Allí no me quisieron tomar la denuncia dado que conocen a los empresarios locales, refiriéndose al dueño como ‘el pelado’”.

Solo pudo hacer una exposición y, de acuerdo a lo escrito en el texto, recibió un “trato indiferente y violento de parte de los uniformados”, situación que ella logró filmar.

El faltante de los objetos

El martes 14 de noviembre a las 15, mediante un oficio judicial, se presentaron en el predio un síndico, la martillera y Olivero en condición de depositaria. “Para nuestra sorpresa, el candado ‘casero’ había sido remplazado por otro del que nadie tenía llave”, escribió. Y mencionó que, con la autorización de un juez, se llamó a un cerrajero que abrió el contenedor. En esas circunstancias, ella constató el faltante de más de diez objetos pertenecientes a la quiebra, cuyo valor actual es de dos millones de pesos. “Al encontrarme con ese cuadro, inmediatamente radiqué la denuncia en la Policía de Villa Nueva”, destacó.

En correspondencia con la denuncia, se advirtió el faltante de un skimmer para hormigón boca grande, rollos de manguera autoflotante, filtros de piscina, mangos telescópicos extensibles de piscina, una bomba autosebante, un retorno, un barrefondo común y chupadores de bombas, entre otros elementos.

Por otra parte, la víctima remarcó que ha recibido “diferentes tipos de burlas de parte de (...) Galfrascoli, con alusiones a sus contactos políticos con el oficialismo, con la Policía”, quien a la vez se jactó de ser un “famoso empresario y corredor de autos”.

Asimismo, Olivero apuntó: “(...) inclusive lo han tenido que contener desde su entorno por sus actitudes violentas contra mi persona. Es inaudito que deba dar a conocer todo esto para obtener una respuesta por parte de quienes deben cumplir con sus deberes de funcionarios públicos”.

Y concluye: “He sido víctima de una estafa, luego víctima de un hurto, y víctima de maltrato por parte de un empresario que actuó con desidia y no se hace responsable de sus obligaciones; y víctima de violencia institucional por parte de funcionarios policiales que, con su inacción y prepotencia, en lugar de asistirme como víctima de un delito, se ocupan de proteger vaya a saber qué intereses. Es doloroso e inaudito vivir en un país donde la víctima debe recurrir a la opinión pública para hallar justicia”.