11 de octubre, Día del Martillero Público

Afirman que las subastas electrónicas le quitaron el pulso a un hecho público

El colegio profesional y los cambios en la modalidad de ejercer la actividad en tiempos de pandemia
domingo, 11 de octubre de 2020 · 08:30

Desde el sector lamentaron que la pandemia desembocara en que los remates pasaran a las plataformas virtuales (donde también se cobra un impuesto por el uso del portal). Si bien en otros puntos del país existen protocolos, no sucede eso en nuestra provincia. También se refirieron al dólar y el nuevo escenario...

Atravesando la llamada “nueva normalidad” en el marco del aislamiento obligatorio ante la pandemia de Covid-19, los martilleros celebran hoy su día en medio de un panorama incierto entre dos emergencias: la económica y la biológica.

Carlos Zurro, presidente la delegación local del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Inmobiliarios (La Rioja 1225), acompañado por el vocal Angel Rizzo, Roberto Alanis (delegado), Lucas Bertolino, Gabriela Toscano y Silvio Pereyra, se refirió al actual desafío y también a la incomodidad que les genera la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a partir de la decisión de transformar una “ceremonia pública” en un frío acto virtual que le quita temperatura a un terreno que siempre estuvo marcado por la interacción humana.

En diálogo con El Diario, Zurro y los demás martilleros aseguran que existen protocolos, formas y maneras de poder realizar tales acciones con la seguridad necesaria para reducir los riesgos de contagio.

El titular de la delegación  del colegio profesional, que nuclea a más de 380 martilleros, antes de referirse a tales tópicos, definió la profesión de la manera más sintética posible: “Nosotros transformamos los bienes en moneda corriente”.

“El martillero público hace por cuenta y orden de terceros todo lo que es subastas. El judicial, por ejemplo, lo hace a través de un decreto de un juez y un secretario en el cual por medio un juicio se ha tomado un bien que puede ser registrable o no, inmueble o rodado (e inclusive animal). Todo esto se transforma para darle una solución al actor del juicio, que va a cobrar con lo producido. Es un sistema judicial”, explicó.

“Pero de igual manera hay que acordarse de que no solamente estamos los martilleros. También está el rematador de Hacienda o muchas otras acepciones como el que remata obras de arte, el que hace remates en las carreras de caballos. Hay muchos alcances dentro del mismo rango, todos englobados en la Ley 7.191, que es la que encuadra a los de esta profesión”, expresó.

 

Perjudicados por la pandemia

En cuanto a lo que vivencian desde marzo, cuando se decretó el estado de alerta ante el coronavirus, Zurro aseguró que no se puede “hablar de algo desastroso porque se ha trabajado”.

Y se explayó: “Tribunales, cuando es imperioso, libera la orden de retención de un bien (conocida también como secuestro) o la constatación del inmueble a los fines de subasta si eso pudiese corresponder. Si arreglan antes, por supuesto, no se hace; pero nos perjudicó porque paró mucho la actividad. Uno no puede hacer una constatación de una vivienda con personas que hace seis meses no tienen ingresos... No es que no haya querido pagar, sino que no pudo; aunque también hay otros casos anteriores a la pandemia respecto a los de una cuestión prendaria o una casa con una hipoteca”.

De igual modo, la crítica principal tiene que ver con la nueva modalidad que se adoptó desde el TSJ: “Han transformado las subastas presenciales (aquellas donde estaba el martillero, el policía, el secretario, se leía el edicto, se describía el bien, se contestaban preguntas) en otra cosa”.

“Lo han convertido en subastas electrónicas donde la persona del martillero desaparece. Ahora, por medio de Internet, y desde el portal, se hacen las mismas. Allí se publican varias fotos del bien que se va a subastar y subastamos tras cinco días de ofertas con una base o no”.

“De igual modo existen parámetros. Se puede ofertar en algunos casos, por ejemplo, de dos mil en dos mil. A las 11 de la mañana del quinto día termina la subasta con un minuto ley. Si ofertaste a las 10.59, tu cifra puede ingresar. Imaginemos: si somos cinco, cada uno quiere defender su bien, los cinco apretamos en nuestra computadora al mismo tiempo, pero entra uno, cualquiera, y se cerró. No podés ofertar más y perdiste el bien... Lo que decimos, entonces, es que falta el nexo, persona con persona y para nosotros no sirve”.

Dentro de la misma descripción, los integrantes también agregaron otra problemática: “Ahora, la gente cuando va a pagar (aparte de la comisión, el impuesto, el aporte de una 4% por Violencia Familiar) hay algo nuevo: se les agrega un 4% por el uso del portal”.

También se critica el hecho de que aquel que haya salido como el “ganador” definitivo no tiene la obligación de depositar el dinero si no lo quiere. “Ante ello llaman al segundo mejor oferente... Y si ese dice que no, hay que hacer todo de nuevo”, describió.

Existe una especie de “pena” que impide poder participar durante seis meses... Pero se piensa que podrían volver a ingresar solamente cambiando el seudónimo o alias que se utiliza para participar en tal actividad digital.

Por estas cuestiones antes descriptas, el mismo Rizzo alertó la necesidad de “volver a la forma presencial para defender los bienes. De esta forma es imposible ofertar de manera razonable”.

 

“Que el acontecimiento no se pierda”

Otro que también tomó la palabra fue Pereyra, quien reflexionó acerca del escenario que se palpita en cada uno de esos eventos donde la figura del trabajador es la encargada del “microclima”.

“La subasta es un acto donde el martillero prepara y expone el bien. En ese acto hay mucho que entra en juego. Podemos hablar de la emoción y los estados de ánimo. Se interactúa”.

“En una subasta presencial puede ir cualquier persona y, levantando la mano, sabe lo que quiere y lo está viendo”.

 

Las nuevas generaciones

Valorando la carrera que se dicta en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el dirigente principal de la delegación valoró: “Tuvimos la suerte de que hubo tres colaciones de grado virtuales que ha hecho nuestro colegio; tenemos profesionales de aquí quedan clases en la Universidad”.

“Y en cuanto al escenario, el nuevo profesional se encontró con un mercado deprimido porque está parado... no porque sea malo”, añadió.

 

Cuestión dólar

Dentro de la charla es imposible ignorar la cuestión del dólar, que influye frecuentemente en las tasaciones, ventas o transacciones. Ante esto, todos prefirieron aclarar que ellos venden y tasan en pesos y resumieron: “Todo lo que se subasta está en un 65% al valor real, de igual modo, hoy hay una discordancia entre el valor de los pesos y los dólares. La gente en este país (y no sé si en otros pasa lo mismo) piensa todo en dólares cuando tenemos una moneda propia”.

“Entonces, nos preguntan cuánto puede valer tal bien en dólares. Incluso piensan que si venden en pesos pierden... Pero en un remate judicial o de hacienda, todo bien se transforma en pesos”, aseguró por su parte Zurro.

En esa misma dirección, Pereyra apuntaló que “el que tiene dólares hoy no invierte, sino que los guarda” y sumó: “Tenés que optar por alguien que tenga una inversión en pesos en algún banco. Y el que tiene dólares va a una entidad bancaria, compra pesos, los transforma en efectivo, sale a pelear el precio. Compra en pesos y se queda con una diferencia. No va a comprar en dólares”, dijo.

 

Protocolos

La cuestión del protocolo es otro punto serio en la profesión. Referido a la realidad en nuestra ciudad, el presidente  de la entidad rescató que “hay un Juzgado que dice que los remates tienen que ser presenciales a los fines de que se defienda el crédito del actor, que no se rife el bien del demandado y aparte para que el martillero gane una buena comisión... Hay personas, jueces, secretarios, pero como lo dicta el TSJ, hay que hacerlo de esa manera”.

“De igual modo, si comparamos una subasta electrónica y una presencial, está comprobada la diferencia. El sistema varias veces se bloquea, se produce un ‘atropellamiento’ y se satura”, manifestó. 

Con dudas respecto a la decisión tomada en nuestra provincia, aseguraron que “Santa Fe ya superó el problema; lo hacen en el salón principal de Tribunales con secretario, martillero, policía y las personas”.

“Otro tema es que el martillero, poniendo como ejemplo la situación de un vehículo, puede saber que el mismo llegó en funcionamiento. Ahora, con esto de que están seis o siete meses parados, se les pude agotar la batería o  se le corta la correa cuando le das marcha... ¿Quién lo paga?”, preguntó.

De cualquier manera, todos coincidieron en que “no todo es subasta”, ya que puede suceder que mediante una constatación o retención de un vehículo las partes lo arreglen.

Lamentando no poder realizar su habitual celebración de cada año, desearon lo mejor a sus colegas de esta profesión virtuosa (atravesada por las cuestiones éticas y humanas).

 

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