Reflexiones de Francisco Scarfó, fundador del Grupo de Estudios Sobre Educación en Cárceles
A veces “el Estado recién llega” cuando la persona está presa
El magíster dijo que una persona privada de la libertad que es maltratada “no puede estudiar”. “No recibir educación es un agravamiento de las condiciones de detención”, subrayó“Un preso maltratado no puede estudiar”, señaló Francisco Scarfó, fundador del Grupo de Estudios Sobre Educación en Cárceles (GESEC), que estuvo en la ciudad en el marco del relanzamiento del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Villa María (ver página 6).
“La visibilidad es un componente indispensable en estos temas”, sostuvo el magíster, quien mencionando “la frase que siempre hemos escuchado, la de que ‘un pibe que no come no puede estudiar’”, advirtió también que “un preso maltratado tampoco puede estudiar”.
“Un preso viviendo en condiciones de hacinamiento, de sobrepoblación, en condiciones que no son dignas”, no puede estudiar, advirtió el profesional.
Recordó que el grupo que creó estuvo formado en principio por maestros y profesores, incorporando después a estudiantes y profesionales de distintas disciplinas con la idea de promover el derecho a la educación de las personas privadas de la libertad. “Esto cambiaba el paradigma instalado de que la educación estaba pensada como una acción terapéutica, como una acción más de tratamiento penitenciario”, apuntó.
Con esta intervención se fue generando el “no solamente pensar la educación como derecho, sino también con obligaciones por parte del Estado”. “Una de las manifestaciones fue la ley nacional de educación, donde se incorpora la modalidad de educación en contexto de privación de libertad, también la ley de estímulo educativo, reforzando la idea de la educación como derecho humano donde hay responsabilidades por parte del Estado”, explicó.
En este aspecto, recordó que desde el grupo fueron referentes en las reuniones previas para la concreción de las dos leyes, logrando incorporar el asunto en la agenda académica.
“Vimos avances en lo normativo y en lo formativo, porque el Estado tuvo que comprometerse a formar”, dijo y valoró la formación docente por parte del Estado, porque “hace a la calidad educativa”.
Scarfó expresó que observaron mayor disposición por parte de la gestión penitenciaria a tomar la educación, eje que “ya no es algo marginal dentro de la agenda”, porque en los establecimientos penitenciarios “hay responsables, coordinador educativo” y demás dentro del área.
No obstante, advirtió sobre las amenazas a todo esto.
Ante la pregunta de El Diario a colación de su expresión de que “un preso maltratado no puede estudiar”, Scarfó indicó que las condiciones actuales de los penales conspiran contra este derecho.
“Si nos remitimos a lo fáctico, el sistema penitenciario federal está enmarcado en una crisis penitenciaria, por hacinamiento y sobrepoblación. En la provincia de Buenos Aires aumentó 113% la cantidad de detenidos. La tendencia es que los establecimientos estén con más personas que las que pueden recibir”, contextualizó.
Apuntó que estas características “condicionan”. Dijo que alguien libre que va a la universidad y no tiene banco, puede llegar a cursar sentado en el piso, “va a escuchar, aprender algo, pero no en las mejores condiciones”.
Ilustró con ese ejemplo lo que sucede en el encierro. “Las malas condiciones y el agravamiento de las condiciones de las cárceles no es no tener un lugar para sentarse sino el maltrato, tortura, la mala alimentación, el no acceso a la Justicia, problemas con la seguridad en términos de requisa y demás”.
Todo esto, evidentemente, “no predispone favorablemente a que alguien pueda pensar en leer” determinada teoría.
“Es muy valioso que se acerquen (a la escuela dentro del penal), pero a veces las condiciones actuales no son muy favorables, amen de que haya esfuerzos al haberse generado espacios para una biblioteca o escuela, pero a veces las condiciones agravan el cuadro”, manifestó.
“No recibir educación es un agravamiento de las condiciones de detención, es una manera de degradar en algún punto la dignidad de las personas”, advirtió.
Ante preguntas de la prensa, sostuvo que “la sociedad suele calificar y con mucho prejuicio a la persona privada de la libertad con que se pudra en la cárcel, que pague, y no ponemos en debate por qué llega ahí, en que algo hicimos mal o algo no hicimos para que llegue a esa instancia”. “Hay muchachos que por primera vez al llegar (al penal) se hacen un estudio de HIV, o es la primera vez que se enfrentan a un psiquiatra. El Estado llega recién ahí, no antes, y eso es lo grave”, declaró.
“Esa persona va a volver a la sociedad, y es claramente favorable que vuelva mejor, además ese es el cometido del principio: lo saco de la sociedad, aplico tratamiento y vuelve en mejores condiciones”, recalcó.
Y además aclaró que todas y todas podemos tener a alguien cercano, o nosotros mismos, en esta situación.
“Todos podemos llegar en algún momento a la cárcel. Siempre pregunto quién no fotocopió un libro, algo que es delito”, graficó.
“El Estado debe dar condiciones para una integración que incluya”, declaró el especialista.