Repudian el apartamiento de funcionarios

Tal como informamos en nuestra edición de ayer, el Ejecutivo Municipal tomó la decisión de apartar a la militante social del barrio Los Olmos, Inés Rigaldo; al médico del Centro Municipal de Adicción, César Rivera, y al artista y docente que se desempeñaba en el área de Educación, Milton Vázquez.

La medida fue tomada después de que los concejales accastellistas acompañaron a la oposición rechazando dos proyectos del Ejecutivo.

Frente a ese escenario, los ediles Daniel López y Juan Carlos Cladera enviaron un comunicado en el que se solidarizan con los funcionarios despedidos “a petición del jefe de Gabinete municipal de la ciudad de Villa María”.

“Lamentamos que se deje sin trabajo a personas que son identificadas con nuestro espacio político. Quienes gobiernan la ciudad debieran conocer que estas prácticas son de la vieja política. La democracia y los tiempos que vivimos nos exigen, a los funcionarios y funcionarias, respetar a las personas, las ideologías, priorizando la libertad y la diversidad ante todo. La pluralidad de voces es indispensable en una democracia sana, digna e incluyente”, indicaron.

“Nos resulta llamativo que después de la votación del día de ayer en el Concejo Deliberante hayan sucedido los despidos. Votamos por la interpelación al secretario de Salud municipal porque necesitamos como concejales y como sociedad conocer cuál es la real situación sanitaria frente al Covid-19 en la ciudad, qué medidas de prevención se han desarrollado debido al aumento de casos positivos y personas en aislamiento en los últimos días, si efectúan los controles en los ingresos y si existen cordones sanitarios ante los casos existentes, entre otras cuestiones.

Consideramos y defendemos el derecho a conocer los datos e información que no se otorgan de manera oficial ni a los ciudadanos ni a los concejales”, expresaron.

“El Concejo Deliberante es un espacio de encuentro y diálogo. Estamos vivenciando el lenguaje peyorativo hacia el otro, no corresponden ni agresiones, ni amenazas que no garantizan la institucionalidad”.