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APDH y UEPC rechazaron el Servicio Cívico Voluntario en Valores
A través de un comunicado, afirmaron que la formación de los adolescentes en manos de una fuerza de seguridad es un retroceso en la conformación de valores de civilidad, igualdad y justicia
No hay deber más importante que velar para que sus derechos sean respetados, su bienestar esté protegido, sus vidas estén libres de temores y necesidades y puedan crecer en paz. Unicef
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Delegación Villa María (APDH) y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba Delegación San Martín (UEPC) asumen el compromiso de reflexionar y considerar la Resolución Nº 598/19 del Ministerio de Seguridad, que promulga el Servicio Cívico Voluntario en Valores, bajo la responsabilidad directa de Gendarmería Nacional, destinado a jóvenes de entre 16 y 20 años.
Pensar que la formación de los adolescentes tiene que estar protagonizada por una fuerza de seguridad es un preocupante retroceso en la conformación en valores de civilidad, de igualdad y de justicia.
En la propuesta no existe un diseño de cómo se quiere implementar, se percibe más como una campaña electoralista que impacte y sensibilice a la sociedad, que el compromiso de educar. Con esta medida, la intención oficial tiene más el fin de adoctrinar a las nuevas generaciones y fortalecer el brazo armado, profundizando un sistema de explotación y desigualdad.
Gendarmería Nacional es una fuerza de seguridad de naturaleza militar, que integra el sistema de Defensa Nacional, absolutamente ajena al propósito que se le atribuye de “formación en valores” para nuestros adolescentes.
Impugnamos esa decisión porque tiene un doble sentido, como el antecedente al llamado Servicio Cívico en Valores, creado en 1979 cuando la Gendarmería Nacional estaba al mando del genocida Antonio Domingo Bussi, y los argumentos expuestos en su defensa son los mismos que enarbolaron quienes se opusieron a la eliminación del Servicio Militar Obligatorio tres décadas atrás.
Frente a tal desatino, proponemos fortalecer el sistema educativo público, porque es el instrumento estatal apropiado para una real capacitación en valores democráticos y republicanos; más aún cuando el Gobierno nacional ha desfinanciado el sistema llevándolo a la precariedad, reduciendo los recursos en formación docente e investigación.
Somos conscientes de que toda ley está impregnada de ideología y ésta también lo está, porque no responde a la ideología de un Estado de Derecho, que debe impulsar el respeto irrestricto de los Derechos Humanos, utilizando los mecanismos necesarios para establecer la igualdad y la justicia.
Todo lo que altere la paz social y la convivencia debe ser derogado, ninguna decisión política justifica la negación de los derechos y menos aún, los derechos de los adolescentes.
Si de verdad es una preocupación del Estado Nacional que más de un millón de jóvenes estén en situación de precariedad en educación y en inserción laboral, las medidas a emplear tienen que ser absolutamente distintas a las que se pretenden aplicar, porque la misma está en contradicción con las leyes internacionales y la Constitución Nacional, que señalan enfáticamente los caminos a seguir.
Nuestra posición sobre el tema es tomada desde el compromiso que tenemos como docentes y defensores de los derechos humanos.
Con firmeza democrática y republicana convocamos a la sociedad a mirar holísticamente el problema que plantea esta decisión. No es militarizando a la juventud como se pueden solucionar las iniquidades existentes, por el contrario, es gestionando un país sustentado en la Constitución Nacional que garantice los derechos del trabajo, de la salud, de la libertad, de la educación y de la convivencia.
No es la Gendarmería instrumento actual de políticas represivas la que deba llevar adelante el proceso de inclusión socio-educativa de los adolescentes que no estudian ni trabajan. El compromiso de un Estado responsable es buscar a los chicos de la calle, incentivarlos para que terminen la escuela e impulsando políticas económicas y sociales que garanticen la paz social.
Es el sistema educativo en sus distintos niveles es el que deben garantizar la educación de los adolescentes en los valores democráticos expresados en la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, que son los que deben ser profundizados y trabajados armónicamente en el proceso de aprendizaje, garantizando sus derechos.
