Mala praxis - La familia inició acciones civiles y penales a una clínica y a dos médicos

Diez años esperando justicia

La instancia judicial iniciada por una familia contra dos médicos por la muerte de Antonia Manuela Parra tuvo un nuevo capítulo cuando los abogados de los acusados pidieron la impugnación de la pericia oficial que determina que, al igual que Débora Pérez Volpin, la mujer falleció como consecuencia
domingo, 16 de junio de 2019 · 17:30

Roberto Ramonda y sus hermanos siguen transitando el lento camino de la Justicia para que se determine la responsabilidad de los que intervinieron en el proceso que llevó a su madre a la muerte.

El último capítulo de esta historia judicial que marcó a fuego la vida de la familia, fue cuando recientemente los abogados de los acusados pidieron la impugnación de una minuciosa pericia que determina, en definitiva, que el deceso de Antonia Manuela Parra, en octubre de 2009, fue a causa de la perforación del esófago producida mientras le realizaban una fibroendoscopía digestiva.

“A modo de resumen podemos decir que la señora Parra, Antonia Manuela fallece como consecuencia de las complicaciones de una perforación esofágica, lesión infrecuente, que puede darse en el curso de una videoendoscopía digestiva alta”, indica en su informe de 31 páginas Alejandro Pereyra Esquivel, perito oficial.

Ese informe fue presentado en septiembre del año pasado en la Justicia Civil y es rechazado, con argumentos que dirán “oportunamente”, por los abogados de los acusados, que son la clínica donde estuvo internada la mujer y los médicos   Horacio Escurra y Daniel Pérez Rivera.

Ese mismo reclamo de Justicia fue presentado en el fuero penal, donde los dos profesionales de la salud están imputados por homicidio culposo por el presunto accionar negligente al introducir el tubo endoscópico para realizar el estudio a una mujer de 82 años. Durante ese método diagnóstico perforaron el esófago de la señora Parra, lo que empezó a traerle complicaciones que derivaron en su muerte, aseguraron desde el Comité de Mala Praxis que determinó, en definitiva, la imputación de los profesionales.

La causa fue elevada a juicio y en diciembre del año pasado, cuando ya estaba decidida la fecha de la audiencia, los abogados de los acusados pidieron la suspensión, por lo que todavía no se sabe qué pasará con la causa.

 

Espera

“El 17 de julio mi vieja cumpliría 92 años. El 18 voy a presentarme en Tribunales para ver qué pasa con el expediente”, dijo Roberto Ramonda, uno de los hijos que reclama justicia. “Fui policía y no entiendo cómo un expediente puede estar tantos años sin avanzar. Encima, con esos pedidos de impugnaciones, lo que hacen es demorar aún más la causa”, agregó.

El mostrar el informe del perito Pereyra dio los detalles de cómo, en cada una de las 31 páginas, estaba la historia médica que llevó a la muerte a su madre. “Ella estaba sana, fue para un control y no sólo que le perforaron el esófago, sino que, como dice este informe, le dieron de comer sólidos a los tres días, lo que agravó más su cuadro”, indicó.

Recordó que cuando en la Cruz Azul, donde estaba internada, ya no había más qué hacer, la trasladaron al Hospital Italiano en Córdoba. “Me decían que el PAMI no mandaba la ambulancia y me fui a preguntar. Resulta que ni la habían pedido”, agregó.

“A esta altura, después de 10 años que perdimos a mi madre, quiero justicia. Que me digan si tuvieron la culpa y si es así, que los condenen, porque no se puede dejar pasar algo tan grave como esto”, concluyó.

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