Justicia Federal de Villa María - La buscaban hace casi tres años acusada de integrar una banda narco
Estaba prófuga y la detuvieron tras un control vehicular de rutina
La mujer detenida está acusada de integrar la banda narco que en esta ciudad lideraban los hermanos Gilli. Estaba prófuga desde 2017. El lunes fue indagada vía Skype, por la fiscal Federal de Villa María
El 4 de abril último, en un control policial de rutina por el aislamiento decretado a raíz de la pandemia de coronavirus, el agente que estaba en funciones en el acceso sur de la capital provincial pudo identificar y detener a una mujer que estaba prófuga desde 2017.
Se trata de Julia Andrea Moreno (41) quien quedó alojada en la Unidad de Contención de los Aprehendidos (UCA), acusada de “comercialización de estupefacientes agravada por la pluralidad de intervinientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
Con esta detención, la Justicia Federal de Villa María cierra una investigación iniciada en el año 2017, cuando hicieron una serie de allanamientos e incautaron droga que traían de Córdoba para distribuirla en Villa María y la región.
Precisamente, la mujer que estaba prófuga, está acusada de ser la proveedora de los narcos locales.
La detención se produjo en el control ubicado en Sabattini y Sargento Cabral, mientras la mujer circulaba en un Fiat Punto por la zona.
Indagatoria
El proceso judicial, con Julia Moreno detenida, se inició rápidamente a pesar de la pandemia y la cuarentena. El lunes 6 de abril, vía Skype, Moreno fue indagada por la fiscal Federal de Villa María, María Schianni.
El Diario pudo conocer que se abstuvo de declarar. Estaba representada por la letrada cordobesa Zelma Vanesa Semprini.
La banda
En la causa original iniciada hace tres años, fueron imputados y luego juzgados hombres y mujeres que comercializaban droga en Villa María, General Deheza, Dalmacio Vélez y Río Tercero. Se trata de los hermanos Carlos y Diego Gilli y el padre de ambos, Miguel; Pedro y Guido Pittavino (también padre e hijo). Además, la imputación alcanza a Juan Antonio López, Melisa Anabel Sachetto, Eloy Darío Ruiz, Lorena del Valle Otín, Jorge Alberto Centioni, Miguel Angel Quiñónez, Franco Sebastián Borghi y Santiago Oreste Olivero.
Los allanamientos que llevaron a la acusación de esas personas terminaron en un juicio llevado a cabo en la capital provincial, tras el cual, algunos de los imputados recibieron condena.
En el requerimiento original, la fiscal Schianni consideró que los hermanos Gilli, Olivero y Ruiz lideraban la banda dedicada al “transporte, tenencia con fines de comercialización y venta de cocaína y marihuana” en Villa María, Villa Nueva, General Deheza, Dalmacio Vélez y Río Tercero”.
Para tal fin, los acusados se comunicaban a través de teléfonos celulares y radio y coordinaban la compra, distribución, traslado y venta de los estupefacientes. Asimismo, usaban códigos y sobrenombres para no ser descubiertos.
Según señaló el Ministerio Público en su oportunidad, los Pittavino eran los encargados de recibir los narcóticos (que llegaban desde Córdoba capital) y de guardar el dinero recaudado por la venta minorista en los distintos “quioscos” de drogas.
Por su parte, López era quien transportaba los narcóticos, mientras que Miguel Gilli guardaba el dinero de la venta de la droga y luego lo destinaba conforme se lo indicaban sus hijos Carlos (desde la cárcel) y Diego.
Además, Schianni tuvo por acreditado que Sachetto y Otín vendían droga para sus parejas (Carlos Gilli y Eloy Ruiz) y que Jorge Centioni fue quien registró a su nombre los equipos de telefonía que utilizaba la banda.
Por último, se sindicó a Quiñónez y Borghi como los encargados de repartir la droga a los diferentes “quioscos” locales.
Solo faltaba la mujer que estaba prófuga, quien vive en el barrio Maldonado de Córdoba capital, para cerrar la investigación. Y el control por el coronavirus terminó encontrando a quien evadió a la Justicia por casi tres años.
