Respuestas a los crímenes contra la humanidad

Escribe: Carlos Gonella*
ESPECIAL PARA EL DIARIO

Los países y los organismos internacionales han reaccionado de distintas formas para dar respuesta a los graves crímenes contra la Humanidad a lo largo del siglo XX y lo que corre del presente.

En general, podemos distinguir cuatro sistemas que se pueden analizar en un orden no necesariamente cronológico: la impunidad planificada, las comisiones de la verdad, la justicia de los vencedores y la respuesta institucional en el marco de un estado de derecho con respeto irrestricto a las garantías constitucionales.

El primer sistema, o mejor dicho “no-sistema”, el de la impunidad, se caracteriza por lo ocurrido en nuestro país durante la década de los 90 y hasta entrado el nuevo milenio, bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem. En esos años se diseñó una política, que, bajo la forma de “reconciliación”, impidió el juzgamiento de los responsables de los graves crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar de 1976-1983. Me voy a referir más adelante sobre las notas más salientes esta política y de sus consecuencias psicológicas y sociales.

La experiencia de las comisiones de la verdad, fue llevada adelante en Sudáfrica con la “Comisión para la verdad y la reconciliación” y en Brasil con la “Comisión Nacional para la verdad”. En el primer caso, para abordar los crímenes de apartheid en el sur del Continente Africano desde 1948 hasta 1991, y en el segundo, con relación a los crímenes cometidos durante la dictadura brasileña entre 1964 y 1985. Este sistema, con matices entre ambas experiencias, se caracterizó por un acuerdo entre los responsables de los crímenes contra la Humanidad por un lado, y las víctimas sobrevivientes y sus familiares, por el otro. Lo que se buscaba, era obtener la máxima información por parte de los responsables acerca del destino de las víctimas, a fin de que sus familiares pudieran encontrar sus restos y hacer el duelo. A  cambio, se resignó la persecución penal en contra de aquellos. Es decir, este tipo de solución no contempla la realización de juicios para ventilar la verdad de los hechos y la aplicación de sanciones para sus responsables.

La justicia de los vencedores es el paradigma representado por los juicios de Nüremberg y Tokio, desarrollados apenas finalizada la Segunda Guerra Mundial, para juzgar a los criminales nazis por sus crímenes raciales y a los criminales de guerra japoneses. A esos fines, las potencias ganadoras se encargaron de conformar los tribunales. Estos procesos fueron objeto de críticas desde el punto de vista jurídico, ya que a las personas juzgadas y condenadas se las responsabilizó por hechos que no se encontraban tipificados como crímenes contra la Humanidad hasta ese momento. Se argumentó con ello, que estos juicios violaron el principio de legalidad, es decir, un principio constitucional fundamental en materia penal, según el cual, nadie puede ser juzgado sin juicio previo fundado en una ley anterior al momento del proceso que describa detalladamente la conducta delictiva. También se criticaron estos procesos por haber violado otro principio constitucional, el de juez natural, que implica que los jueces del caso deben integrar tribunales pre-constituidos y ser designados de acuerdo a los procedimientos establecidos a tales fines. 

Finalmente, el sistema de justicia institucional, en el marco de un estado de derecho con respeto a las garantías constitucionales, es el que caracteriza a la Argentina y constituye la experiencia en la que nos encontramos inmersos. Esta forma de resolución del conflicto goza de mayor calidad institucional, porque son tribunales civiles -no militares- integrados por jueces y juezas designados de acuerdo a los procedimientos constitucionales, quienes se encargan de juzgar a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar de 1976-1983. Por estos motivos, el sistema argentino ha sido ponderado en el plano internacional, tanto en los organismos intergubernamentales, como en los ámbitos jurídicos, políticos y académicos de todo el mundo. Es el único país que viene dando respuestas jurídicas-institucionales, con sus propios tribunales, a los delitos de lesa Humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar de 1976-1983.

Durante esta etapa, cuyos orígenes se remontan al año 1985, se tuvieron que sortear varios obstáculos. Para explicar el camino recorrido, tenemos que hacer un repaso de las políticas que los distintos gobiernos desarrollaron para afrontar los crímenes del período dictatorial, desde la recuperación de la democrática en diciembre de 1983.

El punto de arranque de este largo proceso, se ubica en torno al presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Fue él quien tomó la decisión política de juzgar a los comandantes sucesivos de las tres fuerzas militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) durante la dictadura. Así, en 1985 se llevó a cabo el llamado “Juicio a las Juntas”, a través del cual se juzgó y condenó a Videla, Massera, Viola, Agosti y Lambruschini; y se absolvió a Graffignia, Lami Dozo, Anaya y Galtieri. La iniciativa de Alfonsín constituyó un hito histórico con relación al juzgamiento de los crímenes contra la Humanidad en todo el mundo, por las razones que hemos expuesto más arriba.

Cuando se intentó avanzar en el procesamiento de los cuadros intermedios y las bases ejecutoras (ya que los secuestros, torturas, homicidios, desapariciones y robo de bebés, jamás pudieron haber sido obra exclusiva de los comandantes) acontecieron los sucesos de Semana Santa en 1987, en los que, ante la inminencia de su juzgamiento, se autoacuartelaron varios oficiales del Ejército, que amenazaban ya desde 1986, contra la estabilidad democrática alcanzada hacía pocos años. Estos episodios comenzaron en Córdoba, siendo protagonizados por Ernesto Guillermo Barreiro, quien fuera Capitán del Ejército y hoy se encuentra condenado a prisión perpetua en la megacausa La Perla, por haber sido responsable de los grupos de tareas que operaban en ese campo de concentración de Córdoba, por donde pasaron dos mil personas, la mayoría de la cuales se encuentran desaparecidas.

Ante esa situación de extrema tensión, el Gobierno dictó la Ley 23.492 de “Punto Final” en 1986 y la Ley 23.521 de “Obediencia debida” en 1987, lo que trajo como consecuencia la impunidad de miles de militares responsables de aquellos graves crímenes, ya que a través de dichas normas, se consagró una causal de caducidad de la persecución penal, por un lado, y una causa de justificación de esos delitos por el otro. En otras palabras, a partir de esos años, cesó la posibilidad de llevar a juicio a muchos otros militares responsables de los crímenes de la dictadura.

En 1989 y 1990, el presidente Carlos Saúl Menem, coronó la impunidad completa, ya que a través de una serie de indultos (una facultad constitucional que tiene el titular del Poder Ejecutivo de “perdonar” a un condenado) dejó sin efecto las condenas contra los comandantes del Juicio a las Juntas, por un lado, e impidió el juzgamiento de los responsables de los delitos cometidos durante los episodios de Semana Santa de 1987 y de la Tablada en 1989, tanto civiles como militares. Esta etapa se denominó de la “reconciliación nacional” y como dije, se caracterizó por la total impunidad de los militares, aun los condenados, por sus crímenes aberrantes entre 1976-1983. Además, deliberadamente se generaron condiciones políticas caracterizadas por la ausencia de debate público sobre el tema, lo que trajo profundas consecuencias sociales y psicológicas, principalmente para las víctimas de la dictadura y sus familiares.

Mientras tanto, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, que habían iniciado sus rondas en sentido contrario a las agujas del reloj en la pirámide de Mayo en 1977, continuaban reclamando en paz por la aparición de sus hijos y nietos, y por el juzgamiento de sus responsables. Y en 1996 irrumpió la organización HIJOS (hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el perdón), interpelando al gobierno y la sociedad, a través de los escraches frente a los domicilios de los represores, para reclamar la aparición de sus padres/madres y el fin de la impunidad.

En el año 1999, la Madre de Plaza de Mayo, Carmen Aguiar de Lapacó, llegó hasta la Comisión Interamericana de DD.HH. para reclamar contra el Estado argentino con relación a la desaparición de su hija en 1977, fundándose en el derecho a la verdad. Como consecuencia de su pedido, se arribó a una solución amistosa consistente en llevar adelante un juicio para establecer la verdad sobre su caso, pero sin responsabilizar a sus responsables, ya que esto se encontraba imposibilitado por las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos. Eso dio lugar a los llamados “Juicios por la Verdad” que se desarrollaron en La Plata y en Córdoba entre los años 2000 y 2001.

En 2003 cambió el paradigma de políticas públicas para el abordaje de los crímenes del terrorismo de Estado de 1976-1983. Recién asumido Néstor Carlos Kirchner como presidente de la Nación, recibió a los organismos de DD.HH. (Madres, Abuelas, Hijos y Familiares de Desaparecidos), y ordenó al jefe del Ejército descolgar los cuadros de Videla y Bignone que adornaban las instalaciones del Colegio Militar. Se trató de un hecho simbólico que caracterizó el comienzo de una política de memoria, verdad y justicia que llega a hasta nuestros días.

Kirchner acogió el reclamo de los organismos de DD.HH. y lo transformó en una política pública caracterizada por acciones que cubrieron las tres funciones de gobierno, dirigidas a remover los obstáculos que impedían el juzgamiento de todos los responsables de los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar y a facilitar el desarrollo de los juicios que comenzarían de manera inminente. En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente “Simón” de 2005, declaró absolutamente nulas las leyes 23.492 y 23.521 (Punto Final y Obediencia Debida) que habían obturado la posibilidad de juzgamiento de los militares a partir de 1986 y 1987, y en el caso “Mazzeo” de 2007 dejó sin efecto los indultos de Menem, por considerar que violaron la Convención Americana de Derechos Humanos que nuestro país se había comprometido internacionalmente a cumplir en el año 1984 a través de la Ley 23.054. Por su parte, el Congreso Nacional dictó normas prácticas para facilitar el desarrollo de los juicios y el Poder Ejecutivo creo en el ámbito del Ministerio de Justicia los equipos interdisciplinarios de acompañamiento y las víctimas y protección de testigos. Finalmente, el Ministerio Público Fiscal, a partir de la gestión del exprocurador General de la Nación, Esteban Justo Antonio Righi, creo la Procuraduría contra los delitos de lesa Humanidad en 2008, que desarrolló la política criminal contra los crímenes de la dictadura y sus responsables.

Todas esas medidas confluyeron en que, a partir del año 2005, se reiniciaran los procesos que habían quedado truncos con las leyes de impunidad en 1986 y 1987, y el comienzo de otros nuevos casos por hechos denunciados por los organismos de DD.HH., sobrevivientes y familiares de las víctimas. Así, en Córdoba se llevó adelante en 2008 el caso “Brandalisis”, en 2009 el caso “Albareda, Moyano y Urquiza”, en 2010 el caso “UP1”, en 2012 el caso “Villanueva, Oliva, Diez”, entre 2012/2016 la megacausa “La Perla”, en 2017 el caso de “Los Magistrados” y actualmente el caso “Palazzesi”, entre otros tantos desarrollados a lo largo y ancho del país. 

Hasta la fecha, se han dictado 295 sentencias condenatorias, de las cuales 47 abordaron delitos contra la integridad sexual como parte del plan sistemático de persecución; hay 1.117 represores condenados y 482 procesados a la espera de ser juzgados.

No obstante, la Justicia Federal tiene una gran deuda pendiente: llevar a juicio a los civiles cómplices de la dictadura, entre los cuales hay empresarios, exmagistrados, propietarios de medios de comunicación, profesionales de la salud que participaron de la apropiación de bebés, y dignatarios de la Iglesia Católica, que prestaron una colaboración sin la cual nunca se habría podido llevar a cabo un plan sistemático que se cobró decenas de miles de víctimas, y 500 bebés apropiados.

*Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal deCórdoba. Representante del Ministerio Público Fiscal en los juicios de lesa Humanidad

Blaquier

Carlos Pedro Blaquier. Empresario. Murió a los 95 años. Impune. Gerente general del Ingenio Ledesma. Su figura estuvo marcada por denuncias de haber participado en la organización de crímenes de lesa Humanidad en la provincia de Jujuy, en lo que se conoció como "La Noche del Apagón", entre el 20 y el 27 de julio de 1976, en los inicios de la dictadura que encabezó Jorge Rafael Videla, en las que se estima hubo unas 400 personas secuestradas, de las cuales 55 aún continúan desaparecidas.

En 2012 fue procesado por la Justicia Federal de Jujuy como cómplice en 26 casos de privación ilegítima de la libertad en la causa Burgos, y por 36 secuestros seguidos de asesinato y desaparición.

En marzo de 2015, la Sala IV de la Cámara Federal le dictó la falta de mérito y hubo que esperar hasta julio de 2021 para que la Corte Suprema de Justicia anulara esa decisión. Blaquier falleció sin ser juzgado

Taty Almeida: "Aquella foto de Clarín fue una mentira enorme"

A medida que los genocidas perdían poder y las Madres de Plaza de Mayo alcanzaban mayor repercusión (sobre todo, a través de la prensa internacional), los militares buscaron estrategias para deslegitimarlas o mostrarse condescendientes con ellas. "Siempre trataron, por todas las formas, de demostrar que no eran tan malos", resumió Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, al referirse a la foto del falso abrazo entre una Madre y un policía, durante la Marcha por la Vida, en octubre de 1982: "En esa foto ella le está gritando, le está diciendo de todo y el tipo la agarra convencido. Seguro que le dijo que se dejara de joder". Consideró que, "con eso, creyeron que se iban a limpiar un poco para que vean cómo un policía abrazaba a una Madre. Una mentira enorme, total, total”.

“Se utilizó a esa imagen y a esa madre para mostrar algo que no era cierto, una paz y una reconciliación que era una mentira", explicó el fotógrafo Jorge Sánchez, quien capturó la imagen.